Robert m
2013-06-15 16:47:05 UTC
14/06/2013
LA CORTE, A LAS PUERTAS DE LA HISTORIA
Por el Dr. Jorge R. Enríquez (*)
~~
El paquetazo judicial está siendo frenado por la Justicia. La
inconstitucionalidad de las leyes que lo integran queda puesta al
descubierto cuando se advierte que es casi unánime el repudio de la
comunidad jurídica. Inclusive la Facultad de Derecho de la UBA se
pronunció en contra. Es raro que algo así suceda, ya que como
institución académica pública no debe emitir opiniones
políticas, pero en este caso consideró que el avasallamiento a la
independencia judicial era muy notorio y debía expresarlo. Cuando en
2006 se sancionó otra reforma al Consejo de la Magistratura, impulsada
por la entonces senadora Fernández de Kirchner, la gran mayoría de
los constitucionalistas la consideró inconstitucional por alterar el
equilibrio previsto en el artículo 114 de la Constitución en
beneficio del sector político.
Esa reforma fue objeto de impugnaciones judiciales. Una de ellas, la del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, llegó a la Corte
Suprema por recurso extraordinario. La mala noticia es que hace tres
años duerme en el alto tribunal el sueño de los justos. Ese
antecedente podría hacernos pronosticar un trámite similar para las
demandas interpuestas contra la nueva ley del Consejo. Sin embargo,
somos razonablemente optimistas en este caso, por las siguientes
razones:
1) La ley actual es inconstitucional de un modo mucho más claro y
manifiesto que la anterior. Basta leer el artículo 114 de la
Constitución Nacional para comprender que lo que quiso hacer la
reforma de 1994 en este ámbito fue exactamente lo contrario de lo que
ahora se ha establecido: se quiso despolitizar parcialmente el
procedimiento de designación y remoción de jueces, mientras que con
la ley vigente se politiza ese procedimiento a tal extremo que los
"representantes" de jueces, abogados y académicos se elegirán a
través de partidos políticos y mediante boletas partidarias en
elecciones populares.
2) El clima entre los magistrados ha variado. Debemos decir que muchos
de ellos no estuvieron a la altura de su deber en estos años, pero tal
vez hayan comprendido que en esta oportunidad van por ellos. Primero dos
jueces federales, de Mar del Plata y San Nicolás, dictaron con
celeridad medidas cautelares que suspendieron las elecciones para
consejeros. A ello se sumó una catarata de resoluciones en idéntico
sentido.
La jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal,
doctora María Servini de Cubría, se pronunció hace pocas horas, en
un fallo trascendente porque dicta sentencia definitiva en dos de los
amparos interpuestos ante su juzgado, declarando la inconstitucionalidad
del sistema de elección popular de representantes de abogados y jueces
para el Consejo de la Magistratura federal. Además de ser encomiable
por la celeridad con que se dictó una sentencia de fondo en una
cuestión que no admitía demora alguna, el fallo es muy sólido y
demuestra la manifiesta violación del artículo 114 de la
Constitución en que incurrió la ley que hace unas semanas modificó
la composición del Consejo, con el evidente propósito de lograr una
justicia adicta. Dos son los fundamentos principales de la sentencia: 1)
la ruptura de la idea de representación en el caso de abogados y
jueces, porque sólo los representados pueden elegir a sus
representantes; 2) la violación del principio de equilibrio entre los
distintos estamentos, porque con la ley actual la representación
política domina ampliamente el Consejo.
Respecto del primer punto, el fallo cita, entre otras fuentes,
manifestaciones del doctor Eugenio Zaffaroni en el seno de la
Convención Constituyente de 1994 que no dejan dudas en cuanto a que
sólo los abogados y los jueces pueden elegir a sus representantes.
Como corolario de esas dos desviaciones del artículo 114 de la CN, la
doctora Servini encuentra que se lesiona de modo manifiesto la
independencia judicial.
Voceros del oficialismo han adelantado que el gobierno recurrirá a la
vía del 'per saltum', para que la Corte Suprema dicte sentencia sin
esperar el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Fuentes oficiosas
del Alto Tribunal han dejado trascender que la Corte admitiría esa
vía procesal, dada la extrema urgencia, habida cuenta que la ley del
Consejo es también una ley electoral y ya está en marcha el
calendario de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
(PASO).
Esa es la razón del insólito ataque a los ministros de la Corte que
en las últimas horas nutrieron la verborragia oral y twittera de la
presidente y su cruel ensañamiento con el Dr. Carlos Fayt. En una de
sus habituales filípicas contra la justicia independiente -cada vez
más confusas, mas deshilvanadas, más torpes-, la señora de
Kirchner quiso ofender al mencionado ministro del Alto Tribunal, al
llamarlo "centenario" y recordar que había sido afiliado socialista.
Fayt es, en efecto, casi centenario. Tiene 95 años. Mantiene, por
suerte, un admirable estado de salud, una lucidez asombrosa y, aún
más importante, una vocación de servicio que la edad no apagó. La
presidente le dijo que no cumple la Constitución porque ésta
prevé, luego de la reforma de 1994, que los jueces duren en sus cargos
hasta los 75 años, pero que Fayt fue beneficiado por una acordada de
la Corte para seguir hasta ahora.
Llama la atención que quien se designa a sí misma como una "abogada
exitosa" ignore la diferencia entre una acordada y un fallo.
Fayt permanece como juez debido a un fallo de la Corte Suprema, el
célebre caso "Fayt", que él mismo promovió, con el patrocinio
letrado del recordado maestro Alberto Antonio Spota. En ese caso, la
Corte determinó que la convención constituyente de 1994 se había
excedido en ese tema de la edad de los jueces respecto de aquello a la
que lo había habilitado la ley 24309, declarativa de la necesidad de
la reforma constitucional. Como, conforme a esa ley, la sanción
contemplada para ese exceso era la nulidad, esa parte de la reforma fue
fulminada en tal sentido. Es decir, no es sólo Fayt el beneficiario de
la sentencia, sino todos los jueces. Es como si el texto anulado no se
hubiera escrito.
Fue un fallo trascendente: era la primera vez que, si bien de manera
muy parcial, una reforma constitucional era declarada inconstitucional.
Y los fundamentos de la Corte son ciertamente opinables. Pero el fallo
se dictó hace casi 20 años y, se opine lo que se opine, debe ser
respetado.
Las acordadas son otra cosa: regulan cuestiones administrativas, no
resuelven casos jurisdiccionales.
Pero al margen de estas aclaraciones técnicas para la abogada
exitosa, hay que decir que Carlos Fayt es una figura de enorme prestigio
en el derecho argentino. Fue por décadas profesor titular de Derecho
Político, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires,
escribió decenas de libros y artículos. Uno puede coincidir o no con
sus votos, pero es una persona honesta, de grandes conocimientos, que a
su avanzada edad nos sigue dando ejemplos de laboriosidad y no afloja en
lo que fue norma de toda su vida: aquello que el gran jurista alemán
Rudolf von Ihering llamó en uno de sus libros "la lucha por el
Derecho".
Pero no ofende quien quiere sino quien puede. A Fayt ni lo rozan estas
imprecaciones de peluquería barata.
Se acerca la hora de la Corte Suprema. Hay urgencia, hay gravedad
institucional y todos los argentinos esperamos el pronunciamiento
definitivo del más alto tribunal.
La Justicia, que es la última garantía de las libertades públicas
y de la vigencia efectiva de la Constitución, está cumpliendo su
eminente función. Sepamos respaldarla, porque será sometida a duras
presiones y se la injuriará de la manera más vil. Una sociedad
activa en su defensa de las instituciones debe ser la contracara de
estas valientes e imprescindibles decisiones judiciales. La Corte
Suprema tiene la gran oportunidad de quedar en la historia, asumiendo
-esta vez, en serio y no declamatoriamente- su rol de guardiana de la
Constitución. De su actitud depende en gran medida el futuro de
nuestro país.
Después habrá que estar atentos a la reacción del gobierno
nacional. Es previsible que vaya a patalear y a acusar a los jueces de
dar un golpe de Estado. Si sólo se queda ahí, no habrá mayores
problemas. Si intenta algo más, la propia democracia estará en
peligro.
~~
(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo por gentileza
de su autor el Dr. Jorge R. Enríquez - Abogado - Periodista y ex
legislador porteño.
LA CORTE, A LAS PUERTAS DE LA HISTORIA
Por el Dr. Jorge R. Enríquez (*)
~~
El paquetazo judicial está siendo frenado por la Justicia. La
inconstitucionalidad de las leyes que lo integran queda puesta al
descubierto cuando se advierte que es casi unánime el repudio de la
comunidad jurídica. Inclusive la Facultad de Derecho de la UBA se
pronunció en contra. Es raro que algo así suceda, ya que como
institución académica pública no debe emitir opiniones
políticas, pero en este caso consideró que el avasallamiento a la
independencia judicial era muy notorio y debía expresarlo. Cuando en
2006 se sancionó otra reforma al Consejo de la Magistratura, impulsada
por la entonces senadora Fernández de Kirchner, la gran mayoría de
los constitucionalistas la consideró inconstitucional por alterar el
equilibrio previsto en el artículo 114 de la Constitución en
beneficio del sector político.
Esa reforma fue objeto de impugnaciones judiciales. Una de ellas, la del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, llegó a la Corte
Suprema por recurso extraordinario. La mala noticia es que hace tres
años duerme en el alto tribunal el sueño de los justos. Ese
antecedente podría hacernos pronosticar un trámite similar para las
demandas interpuestas contra la nueva ley del Consejo. Sin embargo,
somos razonablemente optimistas en este caso, por las siguientes
razones:
1) La ley actual es inconstitucional de un modo mucho más claro y
manifiesto que la anterior. Basta leer el artículo 114 de la
Constitución Nacional para comprender que lo que quiso hacer la
reforma de 1994 en este ámbito fue exactamente lo contrario de lo que
ahora se ha establecido: se quiso despolitizar parcialmente el
procedimiento de designación y remoción de jueces, mientras que con
la ley vigente se politiza ese procedimiento a tal extremo que los
"representantes" de jueces, abogados y académicos se elegirán a
través de partidos políticos y mediante boletas partidarias en
elecciones populares.
2) El clima entre los magistrados ha variado. Debemos decir que muchos
de ellos no estuvieron a la altura de su deber en estos años, pero tal
vez hayan comprendido que en esta oportunidad van por ellos. Primero dos
jueces federales, de Mar del Plata y San Nicolás, dictaron con
celeridad medidas cautelares que suspendieron las elecciones para
consejeros. A ello se sumó una catarata de resoluciones en idéntico
sentido.
La jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal,
doctora María Servini de Cubría, se pronunció hace pocas horas, en
un fallo trascendente porque dicta sentencia definitiva en dos de los
amparos interpuestos ante su juzgado, declarando la inconstitucionalidad
del sistema de elección popular de representantes de abogados y jueces
para el Consejo de la Magistratura federal. Además de ser encomiable
por la celeridad con que se dictó una sentencia de fondo en una
cuestión que no admitía demora alguna, el fallo es muy sólido y
demuestra la manifiesta violación del artículo 114 de la
Constitución en que incurrió la ley que hace unas semanas modificó
la composición del Consejo, con el evidente propósito de lograr una
justicia adicta. Dos son los fundamentos principales de la sentencia: 1)
la ruptura de la idea de representación en el caso de abogados y
jueces, porque sólo los representados pueden elegir a sus
representantes; 2) la violación del principio de equilibrio entre los
distintos estamentos, porque con la ley actual la representación
política domina ampliamente el Consejo.
Respecto del primer punto, el fallo cita, entre otras fuentes,
manifestaciones del doctor Eugenio Zaffaroni en el seno de la
Convención Constituyente de 1994 que no dejan dudas en cuanto a que
sólo los abogados y los jueces pueden elegir a sus representantes.
Como corolario de esas dos desviaciones del artículo 114 de la CN, la
doctora Servini encuentra que se lesiona de modo manifiesto la
independencia judicial.
Voceros del oficialismo han adelantado que el gobierno recurrirá a la
vía del 'per saltum', para que la Corte Suprema dicte sentencia sin
esperar el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Fuentes oficiosas
del Alto Tribunal han dejado trascender que la Corte admitiría esa
vía procesal, dada la extrema urgencia, habida cuenta que la ley del
Consejo es también una ley electoral y ya está en marcha el
calendario de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
(PASO).
Esa es la razón del insólito ataque a los ministros de la Corte que
en las últimas horas nutrieron la verborragia oral y twittera de la
presidente y su cruel ensañamiento con el Dr. Carlos Fayt. En una de
sus habituales filípicas contra la justicia independiente -cada vez
más confusas, mas deshilvanadas, más torpes-, la señora de
Kirchner quiso ofender al mencionado ministro del Alto Tribunal, al
llamarlo "centenario" y recordar que había sido afiliado socialista.
Fayt es, en efecto, casi centenario. Tiene 95 años. Mantiene, por
suerte, un admirable estado de salud, una lucidez asombrosa y, aún
más importante, una vocación de servicio que la edad no apagó. La
presidente le dijo que no cumple la Constitución porque ésta
prevé, luego de la reforma de 1994, que los jueces duren en sus cargos
hasta los 75 años, pero que Fayt fue beneficiado por una acordada de
la Corte para seguir hasta ahora.
Llama la atención que quien se designa a sí misma como una "abogada
exitosa" ignore la diferencia entre una acordada y un fallo.
Fayt permanece como juez debido a un fallo de la Corte Suprema, el
célebre caso "Fayt", que él mismo promovió, con el patrocinio
letrado del recordado maestro Alberto Antonio Spota. En ese caso, la
Corte determinó que la convención constituyente de 1994 se había
excedido en ese tema de la edad de los jueces respecto de aquello a la
que lo había habilitado la ley 24309, declarativa de la necesidad de
la reforma constitucional. Como, conforme a esa ley, la sanción
contemplada para ese exceso era la nulidad, esa parte de la reforma fue
fulminada en tal sentido. Es decir, no es sólo Fayt el beneficiario de
la sentencia, sino todos los jueces. Es como si el texto anulado no se
hubiera escrito.
Fue un fallo trascendente: era la primera vez que, si bien de manera
muy parcial, una reforma constitucional era declarada inconstitucional.
Y los fundamentos de la Corte son ciertamente opinables. Pero el fallo
se dictó hace casi 20 años y, se opine lo que se opine, debe ser
respetado.
Las acordadas son otra cosa: regulan cuestiones administrativas, no
resuelven casos jurisdiccionales.
Pero al margen de estas aclaraciones técnicas para la abogada
exitosa, hay que decir que Carlos Fayt es una figura de enorme prestigio
en el derecho argentino. Fue por décadas profesor titular de Derecho
Político, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires,
escribió decenas de libros y artículos. Uno puede coincidir o no con
sus votos, pero es una persona honesta, de grandes conocimientos, que a
su avanzada edad nos sigue dando ejemplos de laboriosidad y no afloja en
lo que fue norma de toda su vida: aquello que el gran jurista alemán
Rudolf von Ihering llamó en uno de sus libros "la lucha por el
Derecho".
Pero no ofende quien quiere sino quien puede. A Fayt ni lo rozan estas
imprecaciones de peluquería barata.
Se acerca la hora de la Corte Suprema. Hay urgencia, hay gravedad
institucional y todos los argentinos esperamos el pronunciamiento
definitivo del más alto tribunal.
La Justicia, que es la última garantía de las libertades públicas
y de la vigencia efectiva de la Constitución, está cumpliendo su
eminente función. Sepamos respaldarla, porque será sometida a duras
presiones y se la injuriará de la manera más vil. Una sociedad
activa en su defensa de las instituciones debe ser la contracara de
estas valientes e imprescindibles decisiones judiciales. La Corte
Suprema tiene la gran oportunidad de quedar en la historia, asumiendo
-esta vez, en serio y no declamatoriamente- su rol de guardiana de la
Constitución. De su actitud depende en gran medida el futuro de
nuestro país.
Después habrá que estar atentos a la reacción del gobierno
nacional. Es previsible que vaya a patalear y a acusar a los jueces de
dar un golpe de Estado. Si sólo se queda ahí, no habrá mayores
problemas. Si intenta algo más, la propia democracia estará en
peligro.
~~
(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo por gentileza
de su autor el Dr. Jorge R. Enríquez - Abogado - Periodista y ex
legislador porteño.